El Ayuntamiento de Málaga ha suspendido desde este miércoles 14 de octubre las multas de su Zona de Bajas Emisiones (ZBE) tras una resolución del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que anula la regulación municipal. La decisión afecta a miles de conductores y deja en el aire el futuro de más de 46.000 propuestas de sanción tramitadas hasta julio.
La concejala de Movilidad, Trinidad Hernández, confirmó este martes que el Consistorio acata el fallo judicial y dejará de imponer sanciones mientras prepara una nueva ordenanza.
El tribunal considera discriminatorio el sistema utilizado hasta ahora, que establecía diferencias entre los vehículos registrados en Málaga y los procedentes de otros municipios.
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La Justicia tumba las multas por discriminar a los conductores de fuera
El origen del conflicto se encuentra en una sentencia dictada en mayo por el TSJA, tras un recurso presentado por Vox contra la regulación municipal.
El tribunal cuestionó que dos vehículos con las mismas características medioambientales recibieran un trato diferente dependiendo de si estaban registrados en Málaga o fuera de la ciudad.
La ordenanza permitía circular a determinados vehículos domiciliados en la capital, mientras que otros equivalentes procedentes de municipios cercanos podían ser sancionados.
Esta diferencia afectaba especialmente a trabajadores y residentes del área metropolitana que utilizan diariamente el coche para desplazarse a Málaga.
La aclaración judicial conocida el 13 de octubre confirmó que los preceptos de la ordenanza relativos a la Zona de Bajas Emisiones quedaban anulados y sin efecto.
El Ayuntamiento ha optado finalmente por suspender las multas y comenzar a preparar una nueva regulación.
Más de 46.000 multas quedan pendientes de revisión
Una de las principales incógnitas afecta a los conductores sancionados antes de la suspensión.
Hasta julio se habían registrado más de 46.000 propuestas de sanción, una cifra que podría ser considerablemente mayor al sumar las correspondientes a agosto, septiembre y los primeros días de octubre.
El Ayuntamiento todavía no ha aclarado si las multas ya abonadas serán devueltas ni qué sucederá con los expedientes pendientes.
La decisión corresponde a los servicios municipales responsables de la gestión y recaudación de sanciones, que deberán estudiar las consecuencias jurídicas de la sentencia.
La concejala de Movilidad ha explicado que existen procedimientos en distintas fases: algunos todavía abiertos, otros resueltos y otros que ya han sido pagados.
Por tanto, la suspensión de las nuevas multas no supone automáticamente la devolución de las cantidades abonadas anteriormente.
Si se cobraran todas las propuestas de sanción contabilizadas hasta julio, el importe conjunto se situaría entre 4,6 y 9,3 millones de euros, según las cuantías aplicables.
¿Se puede circular ahora por la Zona de Bajas Emisiones de Málaga?
Desde el 14 de octubre de 2026, el Ayuntamiento ha dejado de aplicar el régimen sancionador de la ZBE anulado por la Justicia.
Esto significa que los conductores no recibirán nuevas multas por incumplir las restricciones de acceso establecidas en esa regulación, mientras permanezca suspendida.
Sin embargo, la decisión no elimina las demás normas de circulación existentes en la ciudad.
Las restricciones por calles peatonales, accesos reservados, señalización específica y otras disposiciones municipales siguen siendo aplicables cuando cuentan con una regulación independiente.
La suspensión tampoco significa que Málaga vaya a eliminar definitivamente su Zona de Bajas Emisiones.
El Ayuntamiento mantiene su obligación legal de disponer de una ZBE y trabaja para aprobar una nueva ordenanza.
Málaga tardará hasta diez meses en aprobar una nueva normativa
Trinidad Hernández ha anunciado que los servicios municipales comenzarán a elaborar una nueva regulación que respete los criterios establecidos por la Justicia.
El procedimiento podría prolongarse entre nueve y diez meses, aunque el Consistorio intentará reducir los plazos.
Esto sitúa la posible entrada en vigor de la nueva ordenanza en 2027, cuando también están previstas las próximas elecciones municipales.
La concejala ha reconocido que preferiría una Zona de Bajas Emisiones de carácter informativo, sin sanciones económicas, pero considera que las exigencias estatales y los compromisos vinculados a determinadas ayudas públicas limitan esa posibilidad.
El Ayuntamiento también estudiará las resoluciones judiciales dictadas sobre otras zonas de bajas emisiones españolas para intentar evitar nuevos problemas legales.
La nueva ordenanza podría afectar también a los residentes en Málaga
La sentencia plantea una consecuencia que preocupa al Gobierno municipal: la próxima regulación podría tener que aplicar las mismas restricciones a todos los vehículos con características equivalentes, independientemente de dónde estén domiciliados.
Hasta ahora, determinados coches registrados en Málaga disfrutaban de excepciones que no se aplicaban a los procedentes de otros municipios.
Eliminar esa diferencia podría ampliar el número de conductores afectados por las restricciones cuando vuelva a entrar en vigor el régimen sancionador.
La concejala de Movilidad ha advertido de que la nueva normativa podría resultar menos favorable para algunos residentes de la capital.
No obstante, el contenido definitivo todavía está por determinar y dependerá de los criterios jurídicos y medioambientales que adopte el Consistorio.
La oposición reclama explicaciones por las sanciones anteriores
La suspensión ha provocado reacciones entre los grupos municipales.
Vox, que presentó el recurso que dio origen al procedimiento judicial, considera que el Ayuntamiento debería haber paralizado las multas cuando se conoció la sentencia de mayo.
Por su parte, Con Málaga ha criticado que la decisión llegue después de más de 46.000 propuestas de sanción y ha reclamado alternativas reales al vehículo privado.
La formación también denuncia que todavía no se han ejecutado las 5.000 plazas de aparcamiento disuasorio comprometidas por el Gobierno municipal.
El Ayuntamiento, en cambio, defiende que implantó la Zona de Bajas Emisiones para cumplir las obligaciones legales y garantizar el acceso a determinadas ayudas públicas.
La suspensión abre ahora dos frentes para el Gobierno local: elaborar una ordenanza que supere el control judicial y resolver qué ocurrirá con las sanciones anteriores.
Para los conductores, el cambio inmediato es claro: Málaga deja de multar por su Zona de Bajas Emisiones desde el 14 de octubre. La principal incertidumbre está en las multas ya tramitadas y en las restricciones que se aplicarán cuando el Ayuntamiento apruebe la nueva normativa.
