Con el fin de evitar el pago a la Hacienda cuando quiebran, los autónomos y empresarios piden evaluar la reforma de la Ley Concursal donde se confirma la imposibilidad de perdonar la deuda en los procesos de segunda oportunidad.
A este reclamo se une el sector legal. Su objetivo es que se consideren aspectos cruciales que, a su parecer, están en contra de la normativa comunitaria.
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El anteproyecto de ley
El anteproyecto fue aprobado el pasado mes de agosto y en sus disposiciones adicionales abarca términos que no son de agrado de los patronales. Según indican, el Gobierno no realizó consulta alguna durante el tiempo que se preparó el anteproyecto. Solo hubo un plazo de 15 días para presentar alegaciones y fue durante un el mes de vacaciones.
Principalmente, el reclamo se extiende a la decisión que ha tomado el Gobierno de que las empresas en quiebra tengan la obligación de pagar sus deudas con la Seguridad Social y con la Agencia Tributaria.
La ley excluye la posibilidad de exonerar las deudas mediante un plan de reestructuración o por medio de un proceso de segunda oportunidad. Mientras que las deudas de los acreedores privados sí se podrán perdonar, pero las cotizaciones o impuestos no pagados no se someterán a consideración.
Insolvencia
Ante la imposibilidad de pagar las deudas con la Hacienda, los autónomos no podrán reiniciar otra actividad, esto debido a que, a pesar de declarar insolvencia, se imposibilita el derecho de actividad.
Los afectados alegan que en un entorno difícil, que deriva de una pandemia, la protección del crédito público es insostenible.
Algunos empresarios critican que la Administración rápidamente procede con embargos a las compañías con problemas financieros, todo esto para no perder las cantidades adeudadas. Como resultado, las compañías no pueden ser solventes y esto afecta a otras empresas acreedoras.
Procedimiento especial
En el anteproyecto de ley, se contempla un procedimiento especial para empresas pequeñas y autónomos, digitalizado y más rápido. Lo indicado por el Ministerio de Asuntos Económicos es que el nuevo proceso permite tanto a deudores como acreedores llenar formularios gratuitos online y esto reducirá los costes.
Como respuesta, las asociaciones empresariales destacan la inseguridad jurídica. Alegan que muchos de ellos no cuentan con asistencia legal en un proceso de este tipo. Esto se incrementa al eliminar la figura de administradores concursales y procuradores en procesos de segunda oportunidad.
Al excluir a los administradores concursales de los procesos de insolvencia, existe una gran probabilidad de que el desconocimiento sobre los procesos se apodere de los empresarios y autónomos. Un riesgo que incluye al deudor y al acreedor, ante la posibilidad de no tener seguridad jurídica.
Mecanismos de alertas
El proyecto de ley incluye la creación de un plazo de un año para que los entes encargados, Ministerio de Hacienda y Seguridad Social desarrollen un sistema para detectar a tiempo los riesgos de insolvencia.
Frente a esta propuesta, los patronales y el Colegio General de Economistas solicitan la participación directa en este sistema de alertas en el sector privado.
